La Subdelegación del Gobierno no trata el derecho de manifestación por igual para todos los colectivos albaceteños, como se pudo comprobar ante el bochornoso espectáculo que ha dado con motivo de la manifestación en contra del campo de tiro de Chinchilla.
Los siguientes motivos son los que nos llevan a pedir la dimisión:
- Las asociaciones juveniles de los pueblos limítrofes al referido campo de tiro, solicitaron en tiempo y forma permiso para llevar a cabo la manifestación.
- La contestación de Subdelegado fue positiva, siempre y cuando esta discurriera por la acera de la calle Ancha, entre el Altozano y la sede del Gobierno Militar, ya que "no se debe cortar el tráfico porque hay que respetar al resto de la ciudadanía".
- Ante esta contestación, Ecologistas en Acción presenta recurso, al cual se le hace caso omiso.
- Pero el espectáculo más irritante ocurre durante la propia manifestación en la que a todas las personas, en su mayoría jóvenes, se le hace discurrir como ganado entre un cordón de policía nacional.
Ya sabemos que para el Sr. Subdelegado y para las autoridades en general el derecho de manifestación, que recordamos es un Derecho Fundamental en nuestra Constitución, solo cabe para las procesiones de Semana Santa en que se puede interrumpir el tráfico en toda la ciudad, aunque recordemos este estado se declare aconfesional, y para los eventos festivos como pasacalles en Ferias o Reyes Magos.
Sabemos igualmente que la profundidad democrática de quienes se llaman a sí mismos constitucionalistas, no aguanta las críticas al estamento militar ni a ningún otro poder fáctico, tratando a los críticos como elementos subversivos.
Pero ha nadie se le cae la cara de vergüenza, ni al Sr. Subdelegado, al no defender algo tan fundamental como el derecho de manifestación pacífica, que tanto costo conseguir en este país, seguramente porque a él no le costó nada y ni siquiera se ha documentado el respecto.
Desde Ecologistas en Acción manifestamos que estas posturas antidemocráticas y facistoides no se pueden tolerar, y menos aún en el máximo representante del Gobierno en nuestra provincia, que precisamente debería velar por los derechos de los ciudadanos, por ello pedimos su dimisión.
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